Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a gobernadora Maru Campos

Representantes de familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud en Chihuahua se manifestaron este jueves para exigir una disculpa pública por parte de la gobernadora del estado, Maru Campos. Los ciudadanos sostienen que las autoridades estatales tuvieron conocimiento previo de las irregularidades operativas en el establecimiento, las cuales causaron una profunda afectación emocional y social a los deudos que confiaron en dicho servicio funerario.

Durante la jornada, los manifestantes señalaron que la falta de supervisión adecuada permitió que el crematorio operara fuera de la normativa vigente durante un tiempo prolongado. Los afectados argumentan que el gobierno estatal debe asumir su responsabilidad institucional en la vigilancia sanitaria y administrativa de este tipo de negocios, buscando así una reparación del daño que trascienda lo económico y se enfoque en el reconocimiento de la falta institucional.

La exigencia de la disculpa pública se suma a la carpeta de investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado, la cual busca deslindar responsabilidades penales contra quienes resulten responsables por el manejo inadecuado de restos humanos. Los voceros de los afectados han declarado que no cesarán en sus demandas hasta obtener una respuesta clara por parte de la administración de Maru Campos sobre las fallas en los protocolos de inspección.

Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno estatal ha indicado que se encuentran analizando la situación para determinar la ruta de atención a las víctimas. Se ha propuesto abrir mesas de diálogo donde se escuchen las peticiones de los familiares y se informe sobre el estado actual de los procesos administrativos iniciados contra los responsables del establecimiento.

Las familias afectadas han hecho un llamado a la transparencia, solicitando que el caso no quede impune y que se implementen medidas preventivas más estrictas para evitar que situaciones similares ocurran en otros establecimientos funerarios de la entidad. La atención de las autoridades permanece centrada en la resolución jurídica del caso mientras la presión social continúa aumentando en la capital del estado.