Fiscalía de Michoacán requiere dispositivos móviles de Carlos Manzo para investigación

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abierta la solicitud para obtener acceso a los dispositivos móviles que pertenecieron a Carlos Manzo, como parte fundamental de las indagatorias para esclarecer su reciente homicidio. La dependencia ha reiterado a Grecia Quiroz la necesidad de entregar los equipos, argumentando que la información contenida en ellos es vital para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar posibles líneas de investigación.

Representantes de la Fiscalía han señalado que la entrega de estos objetos es una obligación legal en el marco de una carpeta de investigación por un delito de alto impacto. Según las autoridades, el análisis forense de los datos digitales permitiría identificar comunicaciones o ubicaciones clave que hasta el momento no han podido ser rastreadas por otros medios técnicos disponibles para los peritos estatales.

Por su parte, la defensa y el entorno cercano a la víctima han expresado sus reservas respecto a los protocolos de resguardo y manejo de la información personal contenida en dichos equipos. Argumentan que el acceso a la privacidad debe estar estrictamente limitado a la materia del caso, buscando garantías de que los datos no serán utilizados para fines ajenos a la procuración de justicia.

La insistencia de la Fiscalía subraya la presión que enfrenta la institución para entregar resultados concretos ante la opinión pública sobre este caso. Mientras la comunicación entre la autoridad y los allegados a Manzo continúa, el Ministerio Público ha enfatizado que no descartará ninguna vía legal para asegurar los indicios materiales que la ley les faculta a recabar bajo orden judicial.

El desarrollo de este proceso legal sigue bajo la observación de organismos defensores de derechos humanos, quienes vigilan que el procedimiento se ajuste a los principios de debido proceso. Hasta el momento, no se ha confirmado la entrega voluntaria de los aparatos, manteniendo la incertidumbre sobre cuándo podrá la Fiscalía iniciar la extracción de información necesaria para el avance del expediente.