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Sheinbaum firma decreto de nacionalidad mexicana exclusiva para cargos de elección

La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó la reforma constitucional que exige la nacionalidad mexicana exclusiva para aspirantes a la Presidencia y gubernaturas a partir de 2028.

Redacción Mapa Nacional
Foto: sdpnoticias.com

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, firmó este miércoles 7 de octubre el decreto de reforma constitucional que establece como requisito indispensable poseer la nacionalidad mexicana por nacimiento y de forma exclusiva para quienes busquen contender por la Presidencia de la República o las gubernaturas estatales. La modificación, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor de manera efectiva para los procesos electorales que se celebren a partir del año 2028.

El documento oficial ratifica que los ciudadanos mexicanos que cuenten con otra nacionalidad deberán renunciar a ella para ser elegibles a dichos cargos públicos. Esta medida busca asegurar que quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y local mantengan una lealtad jurídica única hacia el Estado mexicano, evitando posibles conflictos de interés derivados de vínculos con otras naciones durante el ejercicio de sus funciones gubernamentales.

La reforma, que fue aprobada previamente por el Congreso de la Unión tras un proceso de discusión legislativa, establece un periodo de transición para que los marcos normativos del Instituto Nacional Electoral y las autoridades locales se ajusten a los nuevos criterios constitucionales. Según fuentes de la administración federal, el objetivo central es fortalecer el principio de soberanía nacional en las posiciones de toma de decisiones de mayor relevancia en el país.

Con la firma presidencial, el Ejecutivo culmina un trámite administrativo necesario para la implementación de esta disposición constitucional. La Secretaría de Gobernación se encargará de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, marcando el inicio del plazo previo a su aplicación obligatoria en las contiendas electorales programadas dentro de tres años.

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